FSC-CCOO Asturies | 25 abril 2024.

#OrgulloDeSer en el trabajo

CCOO SIGUE DENUNCIANDO LOS RECORTES EN LOS SERVICIOS SOCIALES EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

    Los recortes generalizados, entre los que se encuentran los de personal, hacen imposible prestar una atención de calidad y centrada en las personas. El cierre de las escuelas de 0 a 3 del Principado viene a sumarse a la decadencia del modelo social

    01/07/2021.
    La infancia vulnerable pierde oportunidades de igualdad

    La infancia vulnerable pierde oportunidades de igualdad

    Ahora son las familias vulnerables que llevan a sus hijos a las Escuelas Infantiles y las plantillas que trabajan en ellas quienes pagan la austeridad de la política del Principado en materia social.

    La Sección Sindical de CCOO en Bienestar Social denuncia la no apertura del plazo de matrícula para el próximo curso 2021/22, sumiendo en la mayor incertidumbre tanto a las familias como a los profesionales de estos recursos públicos.

    Con la excusa de la realización de obras en una sola de estas Escuelas Infantiles, la Administración no abre el plazo para matrículas del próximo curso en ninguna de las 4 que están adscritas a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Esto viene a sumarse a los problemas que tienen con los proveedores de suministros básicos y a que 2 de estas Escuelas llevan tiempo trabajando sin que nadie se responsabilice de la dirección. Todo ello demuestra el poco interés que se presta a estos centros a los que se está dejando morir. En ellos se atiende a menores de 0 a 3 años de familias vulnerables para ayudarles a conciliar su vida familiar y laboral. Los barrios de Pumarín y Roces en Gijón, de Jardín de Cantos en Avilés y de La Carisa en Oviedo temen la política de recortes en servicios sociales y ven peligrar un recurso esencial para ellos, ya que ni tan si quiera se les ofrece alternativas y se les aboca al sector privado.

    La respuesta de la Administración ante la petición de explicaciones por parte de CCOO, no pasa de las medias verdades, el silencio administrativo y la información confusa, lo que enturbia aún más la situación. Las familias empezaron a recoger firmas solicitando la apertura del plazo de matrícula y toda la plantilla teme por su futuro, máximo teniendo en cuenta los antecedentes de recortes sociales en los recursos, el cierre de centros, la reducción de plantilla y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de los profesionales de este ámbito, lo cual repercute directamente en la atención de calidad que se le pretende prestar a los colectivos más desfavorecidos y así también desprotegidos por parte de la Administración.

    CCOO recuerda que ahora son los menores de 0 a 3 años y sus familias quienes pagan esta gestión política, antes lo fueron los mayores, las personas dependientes, las personas con diversidad funcional y los menores en situación de riesgo y desamparo quienes pagaron y siguen pagando la gestión que la Administración hace de los servicios sociales públicos, gestión caracterizada por los criterios economicistas de coste/beneficio.

    Cerraron, por motivos económicos, durante más de un año el Centro Social de Personas Mayores de San Agustín sin tener ubicación alternativa para los mayores; mantienen cerrado el Centro de Apoyo a la Integración Arco Iris sin atender a las personas con diversidad funcional que acudían a él; en las Unidades de Atención Infantil Temprana, donde se trabaja con menores de 0 a 6 años con problemas en el desarrollo, se externaliza el trabajo derivando a los menores a entidades privadas; en los Equipos Territoriales de Área, que trabajan en el ámbito de la dependencia, pretenden que un mismo profesional se ocupe de funciones y responsabilidades que corresponden a otras categorías profesionales; en el Materno Infantil se aprovecha la excusa de una ley de hace 5 años para proponer despidos de personal, amortización de plazas, cambios de localidad de los trabajadores, cambios de turno de día a noche  y jornadas de tiempo completo a tiempo parcial,….repercutiendo en la atención prestada a los colectivos más desfavorecidos.

    Todas estas políticas de recortes sociales chocan con las declaraciones del vicepresidente, Juan Cofiño y de la consejera de derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez. Mientras el primero anunciaba la modernización de la administración, la segunda hablaba de un plan de choque en los servicios sociales con cargo a 61,7 millones de euros provenientes de los fondos europeos. Vemos que esto se traduce en recortes en prestaciones sociales, en cierre de centros, en despidos de personal, amortización de plazas, …

    Una vez más, la consejería supuestamente más social de la administración autonómica, muestra con sus políticas la mayor de las incoherencias con su nombre

    Continúa el maltrato de las personas más vulnerables y de los profesionales que trabajan con ellos. Personas mayores, personas dependientes, personas con discapacidad funcional, menores en situación de riesgo y desamparo, padecen esta modernización de la Administración y la gestión que se perpetra desde el Principado de Asturias en general y desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar en particular.

    Documentación asociada
    Documentación asociada